GOBIERNO DECIDE FORTALECER CONTROL MIGRACION.

El gobierno tomó anoche una serie de medidas pa­ra garantizar el control y evitar el tráfico de par­turientas en el país y pa­ra enfrentar la migración irregular.

Las medidas incluyen un plazo a los contratantes y particulares que contratan la mano de obra, violan­do las leyes migratorias y de trabajo de la República Dominicana, los cuales en­frentarán sanciones drásti­cas si las incumplen.

Para lograr esa meta, el gobierno otorgó un plazo de tres meses a los empre­sarios y personas en particu­lar que tienen contratadas a personas extranjeras de for­ma irregular, para que regu­laricen sus estatus durante ese período, porque de lo contrario serán sanciona­dos con multas que van de cinco a 30 salarios mínimos.

Así lo determinó a unani­midad anoche el Consejo de Migración de la Repúbli­ca Dominicana, en una re­unión que encabezó el pre­sidente Luis Abinader en el Salón Los Trinitarios del Pa­lacio Nacional.

La información la dio a conocer el ministro de Inte­rior y Policía, Jesús Vásquez “Chú”, quien explicó que una vez vencido el plazo establecido, todas las em­presas o empleadores que requieran los servicios labo­rales de extranjeros, debe­rán contratarlos de confor­midad con los parámetros legales establecidos en la norma migratoria y laboral de la República Dominica­na, explicó, debiendo cum­plir para ello con el proce­dimiento y los requisitos establecidos en la Ley 285-04, su Reglamento de apli­cación 631-11, así como las legislaciones y normativas laborales aplicables.

“Este Ministerio de Inte­rior y Policía coordinará con el Ministerio de Trabajo, a través de la Dirección Gene­ral de Trabajo, la vigilancia y cumplimiento de los artí­culos 135 al 140 del Código de Trabajo de la República Dominicana, que estable­cen la proporcionalidad de trabajadores extranjeros contratados por una empre­sa o empleador”, dijo.

Advirtió que el Estado do­minicano tomará todas las medidas que sean necesa­rias, en cumplimiento de la Ley, para evitar el ingre­so al país de todo ciudada­no de nacionalidad extran­jera que implique una carga irrazonable para las finan­zas públicas, incluyendo mujeres que se encuentren en estado de comprobada gestación igual o posterior a los seis meses.

“La regulación y control del movimiento de perso­nas que entran y salen del territorio de la República Dominicana es un dere­cho inalienable del Estado dominicano, pero por mu­chos años el ejercicio de es­te derecho ha sido parcial o nulo, afectando los intere­ses nacionales y lesionan­do nuestra soberanía”, des­tacó el funcionario.

Manifestó que la pre­sente administración tie­ne una posición clara y fir­me sobre la mejor manera de manejar este problema persistente y la única solu­ción posible es el cumpli­miento del ordenamiento jurídico nacional en mate­ria migratoria. “El Ministe­rio de Interior y Policía tie­ne la misión de velar por el cumplimiento de la Ley General de Migración y aplicar la política migrato­ria del Estado dominicano como organismo que presi­de el Consejo Nacional de Migración”, dijo.

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